El derecho a la seguridad ciudadana es un derecho humano fundamental que obliga al Estado a generar un entorno pacífico y libre de violencia, protegiendo la vida, integridad y patrimonio. Este concepto es integral y se enfoca en la prevención social de la violencia, la reducción del temor y la participación activa de la ciudadanía. En el caso de Jalisco, su política de seguridad se distingue por un enfoque de derechos humanos, buscando fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la paz social, el acceso a la justicia y la implementación coordinada de acciones como la búsqueda integral de personas desaparecidas, todo bajo un compromiso de colaboración entre gobierno y sociedad.